Bueno, probablemente no lo supieras, pero desde la década del ’60 hasta el año 2001 las empresas de colectivo no recibían subsidio alguno. Era un modelo de gestión privado reconocido en la región, que incluso sirvió como ejemplo para reformas de transporte en otros países como el Reino Unido. En el año 2002, en medio de la crisis macroeconómica por la salida de la convertibilidad, el gobierno decidió congelar la tarifa de los servicios públicos para evitar una mayor escalada de la inflación y compensar la caída de los salarios. Por lo tanto, la génesis de este conflicto no surge de las empresas, sino por una decisión del propio gobierno a la cual el sector debió adaptarse.

Desde hace más de una década que el subsidio que reciben los colectivos es objeto de discusión. En la mayoría de los casos partiendo de preconceptos que se alejan de la realidad, como que se calculan a partir de declaraciones juradas presentadas por las empresas, que circulan “colectivos fantasmas” para inflar los costos, que las empresas prefieren financiarse con subsidios y no con la tarifa, entre otros.

Es cierto que desde el año 2002 a la fecha la forma en la que se calculan los subsidios tuvo varias modificaciones, pero lo relevante es tomar la metodología que se emplea desde el año 2012 y que nada tiene que ver con los lugares comunes que se repiten en ámbitos no especializados.

Básicamente, el cálculo de los subsidios depende del propio Estado, a través de la Secretaría de Transporte, quien estima los costos del sistema de colectivos y los ingresos percibidos por pasajero transportado. La diferencia entre los costos del sistema y los ingresos proyectados da lugar a las compensaciones al transporte, que se complementan con un subsidio al gasoil.

¿Qué rubros incluye el costo del servicio de colectivos? Salarios, combustible, mantenimiento, compra de unidades y otros conceptos como es la propia ganancia empresarial.

¿Y quién define el valor de dichos costos? Nuevamente, el Estado, que fija una estructura de costos como referencia. Por lo que no existe ningún tipo de declaración jurada o colectivos fantasmas, es el propio gobierno el que define los costos del sector y su actualización. Estos reportes son de libre acceso y pueden consultarse de forma gratuita ya que se publican en el Boletín Oficial.

Ahora bien, ¿por qué existe un problema entre las empresas y el gobierno? No es porque se demanden más subsidios en sí, de hecho, el escenario ideal sería que la tarifa reflejase el verdadero costo de prestar el servicio, pero es comprensible que en el contexto actual se requiera cierto gradualismo en su recomposición. Ahora bien, lo que no se percibe a través de las tarifas debe ser compensado por el Estado, ya que es este quien fija los ingresos del sector. Curiosamente, lo que termina ocurriendo es que los precios empleados en la estructura de costos no terminan por reflejar la realidad del mercado.

El dicho dice que para muestra vale un botón. Por ejemplo, el costo del combustible, que es ni más ni menos que el 18% de los costos del sistema, surge de un promedio ponderado entre el precio del gasoil y el precio del diesel. Para el mes de enero de 2024 el precio por litro del combustible imputado por el gobierno fue de $784, elevándose a $835 a partir de febrero y manteniéndose constante hasta abril. Sin embargo, el costo realmente facturado fue sensiblemente superior, lo que puede apreciarse del relevamiento que realiza la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES (cecha.org.ar). Sólo esta diferencia implica más de $14 mil millones de pesos no reconocidos durante los primeros cuatro meses del año e ilustra los problemas que enfrentan las empresas para honrar sus compromisos.

Resumiendo, los subsidios se calculan a partir de una sencilla ecuación que contempla los costos e ingresos del sistema de transporte, cuya producción se encuentra íntegramente a cargo del gobierno. Los ingresos de los operadores se encuentran definidos por dicho cálculo, sin que participemos en su elaboración. Cuando pedimos una compensación acorde no estamos pidiendo más subsidios, sino que en verdad lo que pedimos es que se reconozcan los verdaderos costos de operación. Mientras las tarifas sean bajas y los subsidios no reflejen la realidad del sector, continuará el progresivo deterioro de las empresas, con más unidades viejas en circulación y menores frecuencias para más de 4 millones de personas que usan el transporte público a diario.