La capacidad de transportar bienes y personas define la morfología del territorio y su organización social, económica y cultural. Dicho de otro modo, la posibilidad que tenemos de realizar nuestras actividades cotidianas, como pueden ser trabajar, estudiar, ir de compras, entre otros, se ve influido por el grado de accesibilidad física que tenemos a las mismas. Dentro de esta lógica, el transporte público cumple un rol esencial como medio facilitador dando forma a nuestro cotidiano urbano, del mismo modo que se alimenta de la propia demanda de viaje de los usuarios.

Durante el período 2020-2021, las restricciones generalizadas a la movilidad, impuestas como principal medida de control frente al brote pandémico de COVID-19, supusieron un desafío para todos los sistemas de transporte público en el mundo. La pronunciada caída de pasajeros diarios impactó de lleno sobre la recaudación de las empresas que, como respuesta, debieron adaptar su operación a la menor demanda para evitar su quebranto. A partir del año 2022, la liberación generalizada de las restricciones a la movilidad permitió una rápida recuperación de tráficos, y con ello, del servicio prestado, pero este crecimiento se estancó en un punto mucho menor al nivel registrado previo a la pandemia, fenómeno observable a nivel regional. ¿Qué explica este cambio? Básicamente, la emergencia del teletrabajo, que se traduce en una menor demanda de viajes laborales y modifica el patrón diario de movilidad de las personas.

En el caso de las empresas de colectivos del AMBA, el impacto fue dispar. Líneas con mayor exposición a la Ciudad de Buenos Aires y, en particular, el micro y macrocentro porteño, registraron una caída mucho más pronunciada que líneas con mayor recorrido dentro de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios. En este sentido, la mayor flexibilidad operativa de los colectivos permite una mejor respuesta ante estos cambios en la demanda, aunque el actual sistema de subsidios, altamente dependiente de componentes de la oferta, le quita grados de libertad a las empresas para adaptar su prestación según corredor. Un esquema orientado a la demanda no sólo supone un mejor resguardo del interés del usuario que precisa la asistencia estatal, sino una mejor asignación de servicios entre líneas.

Por último, es importante señalar que la caída regular en el transporte de pasajeros tiene como contrapartida un incremento en el uso del automóvil particular, lo que se traduce en mayores niveles de contaminación, congestión, siniestralidad vial, entre otros, atentando contra el desarrollo de ciudades sostenibles.

La política de transporte luego del COVID-19 debe tomar nota de los cambios estructurales que se produjeron en los hábitos cotidianos de movilidad, haciendo uso de los recursos disponibles para optimizar el uso del transporte público, a la par de promover el uso de medios alternativos como la bicicleta que, paradójicamente, cobró relevancia durante la pandemia. Nuevos tiempos demandan nuevas herramientas, la calidad de la política pública es fundamental para que tanto usuarios como operadores puedan acomodarse de mejor forma frente a este escenario.